Después de que el Congreso de la Unión no mostrara el respaldo a la propuesta legislativa del presidente Andres Manuel López Obrador (AMLO) y de que el pasado domingo 13 de noviembre más de 60 mil personas acudieran al centro de la Ciudad de México como parte de las movilizaciones a favor del INE, el mandatario federal dijo que que enviará una nueva propuesta legislativa sobre la reforma electoral que no requerirá de la aprobación de las dos terceras partes del Congreso de la Unión, sino que sólo con el voto de Morena será suficiente para su puesta en marcha, lo que denominó su Plan B.
El presidente reconoció que la oposición política desea votar en el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que envió en un inicio porque sabe que será rechazada. Desde la perspectiva personal de AMLO, la iniciativa que propuso evitaría fraudes electorales en el futuro y ayudaría a fortalecer la democracia en el país. Sin embargo, algunas organizaciones civiles hicieron un llamado a los legisladores en la Cámara de Diputados y la de Senadores para rechazar la propuesta presidencial.
Entre las organizaciones involucradas se encuentra Unid@s, el Frente Cívico Nacional, el Poder Ciudadano, Sí por México, la Sociedad Civil México, Une México y Unidos por México, mismas que redactaron una carta donde recomiendan estar atentos al proceso legislativo en la Cámara de Diputados y la de Senadores a fin de exigir y acompañar a los legisladores que defiendan al INE desde la tribuna.
Además sugieren monitorizar las oficinas de gestión y las redes sociales de los legisladores federales e identificar el distrito electoral al que pertenecen para exigir a sus representantes en el Congreso para que defiendan al INE. Adicionalmente, piden que la ciudadanía asista a las convocatorias que las organizaciones difundan en las redes sociales y los actos públicos que se organicen.
Por su parte, la representación de los partidos políticos de oposición, específicamente Alejandro Moreno, del PRI, dijo que la bancada priísta votará en contra de la iniciativa presidencial y no presentará una propuesta alternativa como lo hizo con la reforma sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas desarrollando tareas de seguridad pública. Entretanto, las organizaciones civiles invitan a que los ciudadanos participen en la construcción de una propuesta ciudadana para integrar al Plan de Gobierno para el periodo 2024 – 2030. Parece que se abre la oportunidad para que se presenten iniciativas que permitan aumentar el ahorro público en salarios de altos funcionarios y al mismo tiempo mantener y garantizar la autonomía del instituto electoral, evitar la centralización del poder y no retroceder en los avances hasta ahora logrados.