Durante la segunda mitad del Siglo XX comenzaron a proliferar las zonas metropolitanas alrededor del mundo, trayendo consigo una nueva configuración del desarrollo espacial, sobre todo desde el punto de vista de la geografía social. Las metrópolis, como forma peculiar de asentamiento urbano, se definen por el gran número de personas viviendo en o alrededor de uno o varios centros con alta densidad de población. Así mismo, dentro de las mismas metrópolis, los centros están mucho más densamente poblados e intensamente usados para actividades propiamente urbanas que cualquiera de las otras subáreas.
Es a partir de este centro que la población se comienza a extender y a declinar gradualmente, conectándose con otros centros urbanos que en ocasiones pueden ser otras ciudades o metrópolis (Forstall y Jones 1976: 15-16). De esta manera, es la misma densidad de la población, junto a la interacción social y política que se dan en su interior, la que da pie a una serie de demandas y necesidades urbanas que plantean un gran reto para las autoridades municipales o gobiernos locales.
En este contexto, el gobierno entendido como una serie de mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo la dirección pública de la colectividad social, así como al aparato que hace a ella posible (Camou, 2001, pág. 74), se ve enfrentado a un nuevo paradigma donde el dinamismo e intensidad de las interacciones dentro del sistema político, demanda la actividad de pensar las relaciones de poder y dominios de la política y de otras formas de gobierno más allá de nuestra actual noción de unidad administrativa y jurisdiccional.
Durante mucho tiempo, las áreas metropolitanas han sido pensadas únicamente como grandes ciudades en un sentido solamente de tamaño. Hoy en día, se ha profundizado en su estudio con el afán de encontrar soluciones a los problemas de coordinación y superposición de competencias que plantea este fenómeno.
Cuando la aglomeración sobrepasa los límites administrativos de la ciudad, se generan suburbios autónomos y zonas circunvecinas institucional y administrativamente fragmentadas. Esta fragmentación tiene repercusiones institucionales, políticas y económicas. En algunas ocasiones, crece el número de gobiernos locales o municipios como simple resultado de la expansión de la mancha urbana.
Entre los principales retos que representan las zonas metropolitanas podemos mencionar las relaciones intergubernamentales, el transporte público y sistemas de vialidad, la planificación y el trazado urbano, el servicio educativo, las empresas de servicios públicos, la cuestión de la vivienda, los aspectos relacionados a la salud pública y los servicios de bienestar. En el caso de América Latina, se debe comenzar a incorporar el enfoque metropolitano en el consciente de autoridades y ciudadanos, los cuales piensan a cada uno de los problemas planteados desde el ámbito de la comunidad o municipio o por categorización sectorial; no es común que se piensen en una dimensión territorial más extensa o variable.
Un gobierno metropolitano debe constituirse perpetuamente como una entidad oficial e institucionalizada de gobierno que no pueda ser disuelta o fragmentada con el paso del tiempo. Lefèvre (1999) plantea que para crear una nueva instancia política como el área metropolitana se debe de poseer autoridad, basada en un poder legítimo otorgado por los ciudadanos a través de elecciones, autonomía en la disposición de recursos financieros, competencias precisas sobre los rubros en los que tendrá injerencia y finalmente la responsabilidad legal ante la ciudadanía. Así mismo, surge otra cuestión de vital importancia, ¿Qué orden funcional y legítimo tendrá el nuevo ente dentro de la estructura gubernamental? ¿Estará por encima de los municipios o dentro de la coordinación y participación de los mismos?
Hay dos tipos de gobiernos metropolitanos:
Gobiernos supranacionales: instancia de gobierno entre los gobiernos municipales y el gobierno central, regional o federal de acuerdo a la forma de organización política y distinta de ellos (Rodriguez & Oviedo, 2007, pág. 15). En este modelo los dirigentes (alcalde y consejo) se eligen popularmente además de que cuentan con autonomía en lo que respecta al manejo de recursos propios y sus competencias están perfectamente determinadas y diferenciadas de otros niveles de gobierno. Los gobiernos de las áreas metropolitanas de Toronto y Londres constituyen lo más cercano este modelo.
Gobiernos intermunicipales: su legitimidad y soberanía provienen de manera indirecta a través de los municipios o unidades miembros. Este tipo de gobierno rara vez cuenta con autonomía financiera. Sus recursos provienen en gran parte de los municipios miembros o de subsidios otorgados por el poder central o la federación. En cuanto a sus competencias y facultades éstas se remiten solamente a lo dispuesto por las autoridades municipales y están perfectamente acotadas en cuanto a los ámbitos y tiempos.
Bibliografía
Aguilar, L. F. (Octubre de 2007). El aporte de la política pública y la nueva gestión pública a la gobernanza. XII Congreso Internacional del CLAM sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública . Santo Domingo, República Dominicana.
Bobbio, N., Matteucci, N., & Pasquino, G. (2002). Diccionario de Política (13a. ed., Vol. II). México, D.F.: Siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.
Borja, R. (1997). Enciclopedia de la Política. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
Camou, Antonio.(2001) Los desafíos de la gobernabilidad. México, D.F.: Plaza y Valdés: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales.