Cada año, a más tardar el 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal envía al Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores) una serie de documentos normativos denominados “Paquete Económico”, los cuales definirán la estrategia de ingreso y gasto público para el próximo año. Desde su entrega formal, inicia el periodo de análisis, discusión y dictaminación en ambas Cámaras, el cual debe concluir a más tardar el 15 de noviembre.
Al respecto, el pasado 26 de octubre concluyó la ruta legislativa para la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación 2018. En este sentido, se estima que los ingresos públicos para el próximo año sean de aproximadamente 5 billones 279 mil 291 millones de pesos, este monto representa 43 mil millones de pesos adicionales a lo propuesto por el Ejecutivo Federal; resultado del incremento del tipo de cambio y precio del petróleo promedios, a $18.4 pesos por dólar y $48.5 dólares por barril, respectivamente. El estimado final de los ingresos públicos para 2018 representa 3.1% más que lo aprobado en 2017.
En la parte de ingresos públicos, destaca el crecimiento de los ingresos del gobierno federal (4.8%), el cual se explica principalmente por el aumento en la recaudación tributaria (3.2%), tanto en el Impuesto sobre la Renta (4.8%), como del Impuesto al Valor Agregado (4.9%). Otro aspecto a destacar, es la disminución de la contratación de deuda pública, la cual disminuirá 9.4% el próximo año.
Semanas después de la aprobación de la Ley de Ingresos, la Cámara de Diputados (facultad exclusiva) definió el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, el cual se puede considerar como el principal instrumento de política con que cuenta el Gobierno Federal para incentivar la economía nacional, de los estados y municipios.
En este sentido, es oportuno señalar que el Presupuesto de Egresos debe contemplar el mismo monto de gasto que el estimado en la recaudación de ingresos públicos, esto significa que no existe ahorro del Gobierno Federal (no obstante, hay fondos que pueden ser utilizados como una especie de ahorro para eventualidades futuras). Por tal motivo, el gasto público para 2018, también crecerá 3.1% en términos reales, en comparación con lo aprobado en 2017.
La definición del PEF 2018 no estuvo exenta de polémicas. Hay muchas aristas para su análisis, como la provisión y presupuestación de recursos suficientes para la reconstrucción de las ciudades afectadas por los sismos de septiembre y otros fenómenos naturales, así como la evolución del gasto público en salud, seguridad, educación, entre otros temas relevantes.
El Gasto Programable comprende los egresos realizados a través de programas públicos, Secretarías de Estado, organismos autónomos, entre otros; tendrán un crecimiento de 2.2% en términos reales para el próximo año. Asimismo, el Gasto No Programable destinado principalmente para cubrir el costo financiero de la operación federal, tendrá un crecimiento mayor, de alrededor de 5.3%, en términos reales.
Asimismo, existen muchos rubros de gasto, entre ellos, los que se destinan a cada Dependencia Pública, Organismo, Empresa Productiva, las cuales toman relevancia (o pierden) de acuerdo al contexto nacional vigente y para el próximo año. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá un crecimiento significativo de su presupuesto para el próximo año. Lo anterior, debido a las elecciones federales que se efectuarán a mediados del próximo, por lo cual crecerá en poco más de 53% su gasto público.
Cabe señalar, que entre los rubros de mayor crecimiento se encuentra el pago de interés y capital de la deuda pública (Gasto No Programable), ya que este monto crecerá 8.5%, en términos reales para 2018. Lo anterior es relevante, ya que este año el ritmo de contratación de deuda disminuyó, pero los intereses seguirán creciendo. Asimismo se observa que el desembolso por este concepto es mayor al que realiza la Secretaría de Salud y de Educación Pública.
Por último, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) tendrá un incremento significativo, ya que los Diputados presupuestaron 24 mil 544 millones de pesos para el mismo, cifra que contrasta con los 6 mil millones aprobados en 2017. Con estos recursos, esperemos que sean suficientes para comenzar una reconstrucción sólida de las viviendas y partes afectadas.