En un entorno global donde la incertidumbre es una constante, ante México se configura un escenario económico complejo en el que tendremos que enfrentar tres retos: la desaceleración, la desconfianza y la inequidad.
Desaceleración
Después de un crecimiento de 3.2% en 2023, el país ha visto una caída en su ritmo de expansión, con tasas de crecimiento de -0.1%, 0.1% y 0.2% en los últimos trimestres. El Banco de México ha ajustado su proyección de crecimiento a 1.5% para 2024, con la posibilidad de que la cifra sea aún menor, dependiendo de cómo evolucione la economía en los próximos meses.
Tres factores principales explican esta desaceleración. En primer lugar, la pérdida del impulso fiscal generado por el gasto en las obras insignia de la administración que concluye. A mediados de 2023, la inversión pública crecía a un ritmo anual del 25%, pero en 2024 ese crecimiento ha caído a menos del 5%. En segundo lugar, la desaceleración del sector manufacturero de Estados Unidos, ya que la producción de ese sector en México disminuye al mismo ritmo que el de su principal socio comercial. Y finalmente, la política monetaria restrictiva con una tasa de interés real en torno al 7%, que ha tenido un impacto adverso en la inversión privada, particularmente en el crédito corporativo.
A pesar de estas dificultades, existen algunos factores positivos que podrían ayudar a estabilizar la situación en el futuro. Al parecer la inflación ha comenzado a disminuir, lo que ha permitido que el Banco de México reduzca gradualmente las tasas de interés, esto podría aliviar las presiones sobre el crédito y fomentar una mayor inversión en los próximos años. Sin embargo, la política fiscal de la próxima administración será crucial para asegurar una recuperación sólida.
Desconfianza
Por otro lado, México también enfrenta el nerviosismo del sistema financiero y de los inversionistas, principalmente por los resultados económicos dados a conocer recientemente en los que se afirma que el crecimiento económico del sexenio que está por concluir es el más bajo de los últimos 36 años.
Entiendo que hay muchas razones tras estas cifras: el llamado cambio de régimen con su inevitable curva de aprendizaje; la pandemia de Covid; así como ―debemos reconocerlo― algunas decisiones de carácter político que impactaron directamente en el ánimo de los inversionistas.
Ante ello, es un alivio temporal que Moody’s confirmara que México no perderá su grado de inversión; no obstante, la agencia calificadora también ha señalado que hay áreas de preocupación, principalmente relacionadas con la debilidad institucional y fiscal que podría enfrentar la próxima administración.
Moody’s subraya que el país está bien posicionado para mantener su calificación, pero advierte que un deterioro severo del sistema democrático o una perspectiva económica más modesta podrían generar una rebaja en el futuro. Por ello, el nuevo gobierno tendrá que ser sumamente cuidadoso y poner en marcha acciones que garanticen la estabilidad financiera a largo plazo; en el ámbito político debe enviar señales claras de solidez y claridad de rumbo que otorguen confianza a inversionistas y mercados.
Inequidad
Fallar en el combate a los dos retos anteriores necesariamente impactaría en la población y, por desgracia, el costo más alto sería pagado nuevamente por los que menos tienen.
Es aquí donde surge la necesidad de redefinir el alcance y contexto de los programas sociales. Si me preguntan a mí, estoy totalmente de acuerdo con su existencia y cobertura, pero me gustaría agregar un ingrediente: empleos dignos.
De acuerdo a los estudiosos de la materia, la equidad no es lo mismo que igualdad. La igualdad se refiere a una distribución uniforme de los recursos, mientras que la equidad se trata de proporcionar oportunidades justas para que las personas puedan acceder a los factores necesarios para mejorar su bienestar económico. Esto incluye acceso a la educación, créditos y empleo, sin importar el origen socioeconómico, el género o la etnia de las personas.
Mi fórmula secreta
Ante el escenario descrito considero que la desaceleración económica requiere de una respuesta política que fomente la inversión y el crecimiento, al tiempo que proteja a los sectores más vulnerables de la población. Mantener el grado de inversión es esencial para atraer capital extranjero y continuar el desarrollo, pero esto solo se logrará con una política fiscal responsable y medidas que fortalezcan las instituciones.
Excluir a grandes segmentos de la población de las oportunidades necesarias para mejorar su situación económica impacta negativamente la economía en su conjunto y afecta el objetivo de un crecimiento sostenible y justo.
Estos desafíos están profundamente entrelazados, lograr revertirlos es el reto cuya atención iniciará Claudia Sheimbaum Pardo a partir del 1 de octubre.
En Sustava consideramos que debemos impulsar la posibilidad de tomar acciones que promuevan la equidad y aseguren una mayor participación de todos los sectores en el crecimiento económico, manteniendo la esencial estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversores internacionales. La clave estará en encontrar un equilibrio entre ambas prioridades: promover un desarrollo inclusivo mientras se asegura la solvencia fiscal y se fomenta un entorno propicio para la inversión.