El 3 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó las reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso realizar a la Guardia Nacional, con 264 votos a favor y 212 en contra. Adicionalmente, la Cámara de Senadores aprobó el pasado 9 de septiembre en lo general y lo particular, con al menos 70 votos a favor y 50 en contra (una abstención, del senador Ricardo Monreal), el dictamen que reforma la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública. Así, en términos generales la Guardia Nacional pasó de tener un mando civil a estar bajo el control operativo, financiero y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sin duda alguna, desde que el titular del Ejecutivo Federal envió su propuesta a la Cámara de Diputados, los legisladores (tanto diputados como senadores) se dividieron en apoyo y oposición a la iniciativa de AMLO. También lo hizo el sector privado y los especialistas en análisis político. El principal argumento de los que se oponen es que dicha reforma representa la militarización del país pues la Guardia Nacional (principal cuerpo armado encargado de la seguridad pública a nivel nacional) ahora estará sujeto al mando militar, pese a que éste último no está formado en un enfoque de seguridad ciudadana adecuado para tratar con civiles, lo que representa una seria amenaza para los derechos humanos, además de considerarla una violación a los principios constitucionales.
Por otro lado, el presidente y los legisladores afines a Morena aseguran que las modificaciones permitirán que la Guardia Nacional se consolide bajo la tutela, la guía y el ejemplo del Ejército Mexicano. Para el primer mandatario, la modificación legislativa es el siguiente paso para enfrentar los niveles de violencia que experimenta el país desde antes de que comenzara su mandato y es la vía que permitirá consolidar, mantener la disciplina y la profesionalizar la labor de la Guardia Nacional, así como evitar que se corrompa, tal como lo hizo la extinta Policía Federal.
El presidente asegura que el 80% de los mexicanos desea que el ejército vigile las calles del país; sin embargo, hasta el momento no existe alguna encuesta objetiva que confirme dicha afirmación. Lo que sí existe, es que los mexicanos perciben cada vez más violencia en las calles, casi el 50% de los consultados por Mitofsky en el mes de agosto aseguraron que perciben aumentos de la violencia respecto al inicio del sexenio del presidente Obrador. México ya experimentó un proceso similar en el pasado (2006-2012), los mexicanos se preguntarán, ¿qué lo podría hacer diferente esta ocasión? La historia y los datos se encargarán de decir quién acertó y quienes se equivocaron con esta decisión. Por lo pronto, los opositores han advertido que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia pues consideran que dicha reforma es inconstitucional.