Daniel López Herrera
La inseguridad es un problema complejo e insufrible para millones de mexicanos. Es una infección que supura diferentes aspectos de nuestras vidas, daña el tejido social y pone en jaque a las autoridades de todos los niveles de gobierno. Durante el primer semestre de 2019 se han contabilizado 17,065 homicidios dolosos, siendo el más sangriento del que se tenga registro en México.
A esta situación, hay que agregar la alta impunidad que persiste, la cual ronda en el 99%. Es decir, de cada 100 delitos, solamente se denuncian 5 y de estos últimos solamente un 12% llega a un tipo de investigación, según el Índice Global de Impunidad México 2018. Este factor echa por la borda todas esas propuestas incendiarias y extremistas de endurecer las penas a criminales, principalmente secuestradores y violadores, ya que no crean el efecto disuasorio esperado. Si fuera una persona con ansías de cometer un ilícito, tiene muchos incentivos para hacerlo, ya que la probabilidad de recibir un castigo es prácticamente nula, aún si la condena consistiera pasar el resto de los días en el infierno terrenal que son los centros penitenciarios del país.
¿Qué tan grave es un país inseguro?
Si se parte de la premisa de que no hay nada más valioso para un país que la cohesión social, México está en un estado catatónico. La inseguridad y la violencia que impera tiene altos costos: pérdidas económicas, desplazamientos humanos, conflictos sociales, pérdida de oportunidades, marginación y un aumento en el padecimiento de trastornos mentales, como consecuencia de vivir en un país inseguro y hostil. Las redes sociales diariamente reportan episodios de personas que colapsan en la vía pública y desatan su furia en medio del tráfico, en un restaurante, en un bar o al documentar equipaje en un aeropuerto. La sociedad está al borde de la paranoia y la esquizofrenia.
¿Dónde surge la criminalidad?
Dado que la seguridad es una facultad concurrente entre municipios, estados y federación, los criminales aprovechan la descoordinación y la fragilidad del sistema de justicia para delinquir y expandir sus operaciones. Es innegable que en México existe mucho más que las condiciones mínimas necesarias para delinquir y que las instituciones están sobrepasadas en este tema. Suponiendo que nuestras instituciones fueran más eficientes y eficaces en el combate al crimen, este enfoque solo buscaría castigar al criminal y disuadir a todo aquel al que le pase por la mente la idea de cometer algún tipo de ilícito, además busca en el exterior y en el contexto las razones que llevan a las personas a adoptar un comportamiento criminal: pobreza, desigualdad, desempleo, desintegración familiar, narcotráfico, alcoholismo, discriminación y muchos otros.
Si bien los mexicanos merecemos un gobierno que nos garantice entornos seguros donde podamos ejercer nuestras libertades básicas, caemos en el refrán de “ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro”. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que cohabitamos con el crimen, comemos con el ilícito, brindamos con la ilegalidad y nos amistamos con aquel que es capaz de burlar a la autoridad y salir ileso después de infringir la ley. Nosotros como sociedad tenemos mucho que ver con la adhesión de la violencia y el crimen a la cultura que nos moldea día a día a millones de mexicanos. Este enfoque no busca afuera las razones del crimen, sino que repara en lo que ocurre en nuestro interior, patrones de pensamiento, de comportamiento y mecanismos de autorregulación.
Es importante el cambio de enfoque que actualmente tienen distintos gobiernos alrededor del mundo. Ha quedado más que documentado que una estrategia de mano de hierro, de castigo y coerción queda corta en el combate al crimen, incluso provoca una escalada de violencia que trae serias repercusiones a la paz social. Hoy en día, el concepto de seguridad pública está dando paso a la seguridad ciudadana, dándole un mayor peso a una orientación preventiva y de participación de todos los actores sociales.
El enfoque es muy celebrado a nivel internacional. En Latinoamérica, una de las regiones más violentas del mundo (33% de los asesinatos en el mundo se cometen en países latinoamericanos), gobiernos como el de Colombia, Chile y Brasil apuestan fuertemente por impulsar programas sociales que en el mediano y largo plazo mejoren los indicadores de seguridad en los países, además de encontrar otras alternativas a la prisión, ya que los sistemas penitenciarios prácticamente se encuentran colapsados, convirtiéndose en verdaderas universidades del crimen.
La reflexión que hago de esta grave situación es que tenemos que aceptar que somos una sociedad violenta. Hemos sido cómplices en esos indicadores del crimen ya que permitimos que se transgrediera nuestra vida social con la cultura de la ilegalidad, la cultura del dinero fácil, la cultura del atajo y del avivato. Creemos que la violencia se origina fuera de nosotros, pero es todo lo contrario, las raíces sutilmente se instauran en nuestras vidas y comienzan con cosas “sin importancia”, que con el paso del tiempo escalan hasta delitos de mayor impacto. Todo esfuerzo que se emprenda en materia de seguridad está destinado al fracaso si la sociedad no logra ser consciente de este fenómeno y que el primer frente para plantarle cara a la inseguridad comienza en nosotros mismos.
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