El Plan B de la reforma electoral
El día martes 6 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados en San Lázaro rechazó el dictamen de la reforma electoral que envió el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al no alcanzar la mayoría calificada que requería dos terceras partes de los votos de los legisladores que asistieron a la sesión. Después de una acalorada discusión que se extendió durante 4 horas, el dictamen recibió 269 votos a favor y 225 en contra y 1 abstención, lo que significó un resultado por debajo del requerido para ser aprobado.
Una de las interrogantes más importantes en torno al proceso legislativo de esta propuesta era la postura del presidente de la Comisión de Gobernación y Población, Alejandro Moreno, quien también es presidente del PRI. Antes de la votación mencionó que el voto de su bancada se uniría al del PAN, PRD y MC y que no realizarían propuestas para modificar el dictamen pues advierte que se ha presentado una tendencia de convertir al Poder Legislativo en una ventanilla de trámite a voluntad de la administración actual.
Ante el aparente fracaso de la propuesta presidencial en su paso por el Congreso, el propio presidente advirtió que ya contaban con un Plan B, en caso de que esto sucediera, mismo que de inmediato se puso en marcha y no pudo ser frenado por la oposición ya que se trata de una serie de reformas a diversas leyes secundarias que no requieren más que el voto de la mayoría en ambas cámaras legislativas. Pero, ¿cuáles son los puntos centrales del Plan B del presidente?
No olvidemos que el objetivo inicial de la propuesta legislativa era reducir el presupuesto al sistema electoral a través de diversas modificaciones relacionadas a su funcionamiento. Por tanto, el Plan B se conforma de dos iniciativas, la primera plantea modificaciones a tres leyes y la expedición de una nueva, la intención básicamente es reducir la estructura del INE y acortar el tiempo de los procesos electorales. La segunda iniciativa intenta modificar dos normas a fin de recortar el concepto de propaganda gubernamental con la intención de que las expresiones de los funcionarios públicos no se consideren parte de la propaganda.
Así, el INE reduciría sus órganos distritales desde 300 a 250 y se vería obligado a fusionar diversas áreas, además de limitar el sueldo de los consejeros electorales, mismos que no podrán ganar más que el presidente incluso si argumentan desarrollar trabajo técnico especializado. Por su parte, los procesos electorales dejarían de iniciar en septiembre y lo harían hasta noviembre, las jornadas de capacitación a funcionarios de casilla también se reducirían de 52 a 26 días. Finalmente, la propuesta obliga a los partidos a postular a personas de grupos en situación de vulnerabilidad.