El pueblo aprueba a AMLO pese a desabasto de gasolina
ISAÍ GONZÁLEZ
En los últimos meses nos hemos enterado más sobre la gravedad del problema que significa el huachicoleo en nuestro país, ya que este no era un tema muy recurrente durante los sexenios pasados, desde Vicente Fox hasta el actual Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, como el propio AMLO ha referido, un grupo de “bandidos” había secuestrado a la paraestatal (Pemex) y ordeñaban gran cantidad de combustible que se traducía en pérdidas millonarias para Pemex y, por ende, para las arcas públicas.
Esta entrega desea referir algunas de las pérdidas económicas detectadas y los costos de oportunidad que representa el huachicol en nuestro país, así como a la opinión que la ciudadanía tiene sobre la estrategia que el Gobierno Federal ha utilizado para combatir dicha problemática, independientemente de si van a judicializar o no a los responsables, tal como AMLO lo ha señalado.
La magnitud del problema
De acuerdo con Pemex, el número de tomas clandestinas para huachicoleo en el año 2000 era alrededor de 120, al finalizar octubre de 2018 se contabilizaron unas 12 mil 581 tomas (sin contar el robo de pipas), seguro hay más, si consideramos, por ejemplo, la manguera instalada desde el interior de la refinería de Salamanca, hecho realmente risible, que muestra lo absurdo de la situación y lo increíblemente infiltrada que se encontraba la paraestatal. Los estados en los que más se ha recrudecido el problema de las tomas clandestinas son Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco.
Es obvio que el problema no sólo fue ignorado por las administraciones anteriores, sino que, solapadamente, creció bajo sus cuidados, de tal modo que el gobierno actual estima pérdidas económicas por un monto total de 60 mil millones de pesos (tan sólo en 2018), lo que representa casi 5 veces el presupuesto destinado a inversión física que el IMSS realizará durante 2019.
Además de las evidentes pérdidas económicas, el combate al huachicoleo ha provocado inestabilidad social y desabasto de combustible en algunos estados de la república, principalmente el Bajío, esto desencadenó compras de pánico por parte de los consumidores, largas filas con tal de obtener algo de gasolina, expectativas negativas para los productores y exportadores de mercancía (principalmente los de aguacate) y un incremento del precio del combustible en aquellas zonas en las que el desabasto es más agravado; así como venta ilegal del hidrocarburo. Todo lo anterior proyectó una imagen de inestabilidad social acompañada de cierta ineficiencia por parte del Estado de cumplir con su labor. Situación que finalmente inhibe la inversión privada, en detrimento de la economía.
Además de lo anterior, el fin de semana, más de 70 personas fueron calcinadas cuando ordeñaban un ducto en Hidalgo, esto podría ser el accidente más grande, hasta ahora, ocasionado por el huachicoleo. La pérdida de vidas humanas es el costo más alto que una sociedad civilizada podría enfrentar.
La aprobación de la gente
Pese a lo anterior, consulta Mitofsky realizó una encuesta del 9 al 11 de enero en la que incluyó el cuestionamiento sobre sí la ciudadanía estaba de acuerdo o no con la estrategia que el Gobierno Federal había instrumentado con tal de abatir el huachicoleo en el país. El resultado fue que poco más de la mitad de los encuestados (56.7%) dijo que la estrategia era la correcta; mientras que el 55.9% afirma que la explicación que dio el gobierno, sobre el desabasto y la normalización del servicio, les convenció; es decir, quedaron conformes. Por su parte, el 50% afirmó que los ciudadanos debemos apoyar las medidas asumidas contra el robo de combustible, aunque tengamos que padecer los problemas de abasto de gasolina.
Así, pese a todas las manifestaciones de rechazo que se presentan a través de las redes sociales, los resultados de la encuesta realizada por Mitofsky aseguran que la ciudadanía consideraba necesarias dichas acciones con tal de eliminar el robo de combustibles.
¿Deberían o no ser castigados?
Personalmente pienso que la última etapa del plan para combatir el robo de combustibles debe ser, obligadamente, castigar a los implicados. Así, todos los responsables del huachicoleo y quienes han participado en él deberían ser llevados ante la justicia. Esto no se trata de un asunto de conciencias, tampoco uno en el que la moral deba encargarse de juzgar las acciones de las personas inmiscuidas en el problema. Digo esto debido a las múltiples ocasiones en las que el Presidente López Obrador ha dicho que no es su deseo perseguir, ni castigar a nadie. No obstante, vivimos en una democracia en la que las instituciones encargadas de impartir justicia deben velar por cumplir y hacer cumplir el estado de derecho en el país, independientemente de que el pueblo lo pida o no a través de cualquier tipo de consulta. El que viola la ley debe ser castigado, sin necesidad de consultar a nadie.
De no castigar a los todos los responsables, se corre el riesgo de que, en el corto plazo, nuevamente se reorganicen los autores intelectuales (regularmente es gente que opera desde dentro) con los grupos criminales y redefinan sus estrategias con tal de seguir ordeñando los recursos de la paraestatal. La actitud del presidente debe ser enérgica y sin titubeos, debe llevar hasta la última consecuencia el camino que emprendió, de modo que valga la pena el desabasto que la ciudadanía padeció las últimas semanas.
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