Mónica Escobedo
Es bien sabido que en las últimas cuatro décadas el papel de la mujer se ha transformado, que ya no solo se dedica al cuidado de los hijos sino que en ocasiones es la única proveedora del hogar o, en el mejor de los casos, apoya con el sostenimiento del mismo.
De acuerdo a las cifras del INEGI, durante el periodo de 2005-2017, el grupo de mujeres mayores de 15 años económicamente activas se incrementó un 26.9 por ciento, es decir, en 2005 eran 16.3 millones y en 2017 fueron 20.7 millones de mujeres, mientras que para los hombres en el mismo periodo y mismo grupo de edad, la cifra aumentó 23.4 por ciento, inferior en 3.5 por ciento.
Una de las principales preocupaciones de los padres que trabajan es el cuidado de los hijos, y esto se acentúa más en los estratos de clase media y baja. En muchos de estos hogares son los abuelos paternos o maternos quienes ayudan en esta labor, pero no todas las familias cuentan con estos lazos familiares; las guarderías privadas son caras, aunque los trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE cuentan, en la mayoría de los casos, con esta prestación, siempre y cuando haya cupo.
En el año 2007, el Gobierno Federal implementó, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), hoy Secretaría del Bienestar, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, que con el tiempo incluyó también a los padres solos.
El objetivo era el de “Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.”
Se otorgaba el servicio en cualquier Estancia Infantil que estuviera afiliada al Programa, el costo lo cubría el Gobierno Federal y se realizaba de la siguiente manera:
950 pesos mensuales por cada menor de entre 1 y 4 años; 1,800 pesos mensuales por cada menor con discapacidad avalada por un certificado médico, la edad era de 1 a 6 años. En ambos casos debían estar inscritos en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa.
Se beneficiaba a un máximo de 3 niñas o niños por hogar en el mismo periodo, salvo que se tratara de nacimientos múltiples
El apoyo era de manera mensual y las estancias recibían las cuotas por cada niño, cada mes, previa entrega de formatos que comprobarán el número de menores atendidos, asistencia mínima de 15 días y con, por lo menos, 5 horas de permanencia por día de cada uno.
Las estancias afiliadas al programa tenían que cumplir con una serie de reglamentos, como el de protección civil, programas de aprendizaje oficiales, normas en salubridad y con las guías de nutrición, entre otros. Asimismo, contar con personal idóneo para el cuidado y atención de los menores. La SEDESOL, a través de sus delegaciones, vigilaban con supervisiones en sito el buen funcionamiento de éstas.
A 12 años de su implementación, se observa que en el último sexenio se atendieron en promedio, de manera anual, a casi 300 mil niños de todo el país. Sin duda, este ha sido uno de los programas sociales que mayor aceptación ha tenido entre la población y no es para menos, pues el beneficio es palpable. A pesar de que pudieron surgir imprevistos en su operación, los resultados fueron más positivos que negativos, ya que por un lado se dio una prestación de seguridad social para menores y, por otro, se impulsó la apertura de estancias y la contratación de personal.
Lamentablemente, entre las decisiones que más han sorprendido en este breve lapso de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es el cambio en la operación del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar.
Esta administración aplicó una reducción considerable en el presupuesto de este programa bajo el argumento de que se habían detectado irregularidades y actos de corrupción. Ante esto cancelaron las reglas de operación del pasado gobierno, anunciado nuevas que hoy por hoy no se han publicado. En la página web de la Secretaría del Bienestar no se encuentra información sobre este programa y sus reformas. Sin embargo, algunos funcionarios han declarado que entre los cambios más importantes destaca que el apoyo será entregado directamente a los jefes o jefas de familia.
El pasado 26 de febrero, un juez determinó que esta Secretaría está obligada a publicar de manera inmediata las reglas de operación del programa.
¿Por qué tanta simulación? Si se cometieron ilícitos estos deberían investigarse y castigarse, pero no es un argumento sólido para modificar un programa de esta envergadura.
Quedan muchas preguntas sin respuesta como ¿Qué pasará con las estancias que durante años se afiliaron a este Programa y que cumplieron con los requerimientos para su funcionamiento? ¿Qué pasará con el personal de las estancias? ¿Cómo se vigilará que el dinero que reciban los padres sea realmente utilizado para el pago de guarderías o de estancias infantiles? ¿Cómo se evaluará?
Estos cuestionamientos sin respuesta dan una muestra más de que para este gobierno las decisiones resultan en improvisaciones para soluciones populistas del momento, no así en planeación y estructuración seria de políticas públicas.
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