En los últimos años, la imagen del maestro de la escuela pública no ha sido la mejor. Lamentablemente y generalmente solemos juzgar a muchos o a todos por el actuar de pocos, por lo que la percepción generalizada que se tiene a cerca de la calidad de la educación pública es que es inexistente.
En un país donde apenas hace un poco más de una década, el Gobierno en sus tres niveles, comenzó a responder a las demandas ciudadanas sobre la opacidad con la que se manejaba la administración pública, con la regulación normativa en temas de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales. En ese entorno, la educación se volvió un asunto delicado y urgente de atender.
La reforma educativa emitida por el Ejecutivo Federal hace dos años se instrumentó a través de las modificaciones a la Ley General de Educación y la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. En ambas se dan amplias facultades al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para evaluar el desempeño del personal docente de la escuela pública en el nivel básico y medio. Asimismo, se prioriza la profesionalización permanente de la plantilla de los maestros registrada en la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Si bien estas medidas son importantes para mejorar la calidad de la educación, no son suficientes para garantizarla. Por ello, se considera que en este tema se tienen que implementar políticas públicas que sean integrales y que permitan en el mediano plazo obtener los resultados esperados.
¿ A qué nos referimos ?
Si bien es necesario actualizar y mejorar los planes de estudio, es también muy importante asegurar un ambiente propicio para aprender, es decir contar con escuelas seguras, libres de violencia, de venta de drogas, y que garanticen el respeto absoluto a los derechos humanos.
También se deben de crear los mecanismos que garanticen que los niños y los adolescentes tengan acceso al consumo de alimentos nutritivos y suficientes; asegurar la calidad de los profesores; e invertir para que cada una de las escuelas, sean estas urbanas o rurales, cuenten con la infraestructura más elemental.
Otro tema que se tiene que revisar es la diversidad cultural con la que cuenta nuestro país, la educación debe de tomar un matiz regional. Los contenidos deben de responder a las características y necesidades de las diversas regiones.
Además, buscar de manera coordinada con los sectores públicos y privados para que el sistema educativo superior cuente con un plan de desarrollo profesional, vinculados a situaciones reales, es decir, brindar la oportunidad a todos los jóvenes que egresan de la universidad la oportunidad de incorporarse al sistema laboral en el medio en el que se prepararon. En pocas palabras, vincular los programas educativos a nivel profesional con la realidad de las necesidades en el sector.
Por otra parte, el ejercicio de evaluación docente realizado recientemente, no fue del todo exitoso, aunque así lo presuma el nuevo Secretario de Educación Pública. Una parte considerable de maestros pertenecientes a los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca no asistieron y lo más delicado es que no permitieron que otros tantos no lo presentarán.
La evaluación para calificar los conocimientos y habilidades profesionales del magisterio nacional concluyó con la participación de 131,556 maestros de los 152,000 que se inscribieron, lo que significó el 86.2%.
El resultado anterior evidencia que la Reforma Educativa no ha sido aceptada por algunas fracciones del magisterio, lo cual no puede soslayarse, y el Secretario de Educación Pública deberá sentarse a dialogar y argumentar sobre los beneficios que aportan este tipo de ejercicios de evaluación no sólo al magisterio sino al País entero.
Los 4 estados que se oponen en su mayoría a la evaluación son territorio de la disidencia magisterial llamada Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha demostrado no temer a las sanciones y que por experiencia sabemos lo violentos que pueden ser. El Secretario de Educación Pública deberá enfrentar esta crisis y darle un final que a todos convenga, de lo contrario la reforma educativa no dará los resultados que se esperan.
Consideramos que la negociación es urgente, para que la segunda fase de la evaluación que se pretende llevar a cabo en los estados en conflicto se realice sin incidentes que lamentar.