ISAÍ GONZÁLEZ
El 2018 ya es considerado el año más violento que México ha registrado, por lo menos en lo que va del presente siglo. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el número de homicidios dolosos registrados el año anterior ascendió a 34 mil 202 asesinatos (incluyendo víctimas de homicidios dolosos y feminicidios). Esta cantidad representa un promedio de 94 homicidios por día y un incremento del 74 % en el número de homicidios respecto a 2014, año en que se registraron 17 mil 336 víctimas.
Los meses en los que más recrudeció la violencia durante 2018 coincidieron con el verano, en julio fueron asesinadas 3,058 personas, en agosto 2,909 y en septiembre hubo 2,916 personas muertas con violencia. El 70 % de los homicidios se realizaron utilizando arma de fuego. De las 32 entidades federativas, 24 de ellas observaron incrementos en el número de víctimas. Los estados con las mayores tasas de homicidios fueron Colima, con 81.09, seguido de Baja California, con 77.19; Guerrero, con 61.35; Chihuahua, con 47.16 y Quintana Roo, con 44.63 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el caso de los feminicidios, los estados que reportan las tasas más altas son Colima, con 3.37 víctimas; Sinaloa, con 3.09 y Nuevo León, con 2.96 casos por cada 100 mil habitantes.
Una de las principales conclusiones del análisis que realiza el Instituto para la Economía y la Paz, en su informe anual titulado Índice de Paz México 2018, es que la violencia no sólo incrementó a manos del crimen organizado, sino que la delincuencia común o de calle, también se recrudeció (15.2 % más que el año anterior), lo mismo que la tasa de violencia intrafamiliar (32 % en los últimos tres años). Esto particularmente habla de una ilegalidad general y de una severa descomposición social.
En términos económicos, los costos de la violencia superan el equivalente al 21 % de valor del PIB (2017), es decir, las pérdidas económicas que la violencia genera en México ascienden a 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares), cifra que representa ocho veces el valor de la inversión pública en salud y siete veces el presupuesto total de educación pública durante 2017. La importancia de abatir los altos niveles de violencia se pone de manifiesto al señalar que un descenso del 1 % en su impacto económico daría el presupuesto suficiente para financiar las actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación que se programan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
A todo esto, la respuesta de las autoridades, en la actual y anteriores administraciones, se ha limitado a una estrategia para poner a las fuerzas armadas en las calles a desempeñar funciones de seguridad pública; es decir, nuevamente se apuesta por aminorar las consecuencias pero deja de atender las causas que originan la violencia. En adición, México sólo destina el 1 % de su PIB a seguridad interna y a su sistema judicial. La cifra representa sólo el 60 % del promedio de lo que gastan los países de la OCDE.
Diversos análisis señalan que la participación de las comunidades en las estrategias de pacificación es fundamental para aminorar la delincuencia y la violencia. La confianza entre la policía y las comunidades es un componente necesario para mejorar los niveles de paz en la sociedad. Entender estos puntos puede ser crucial para formar parte de una estrategia que va más allá de la presencia militar en las calles. Toda vez que entendamos que la violencia nos afecta a todos.
Entre las principales recomendaciones que los organismos internacionales hacen en esta materia se encuentran: el combate a la corrupción y la impunidad; fortalecer la capacidad institucional, la transparencia y rendición de cuentas; implementar programas sociales de protección a los jóvenes; proteger los espacios públicos; incrementar la confianza de la ciudadanía en las autoridades mediante el logro de avances; y combatir la dinámica específica subyacente a la violencia con armas de fuego, el comercio ilegal, la extorsión, el secuestro y las distintas modalidades de homicidio.
La violencia no disminuirá únicamente porque alguien diferente ocupe el mayor cargo de representación popular en el país, disminuirá cuando se tracen estrategias basadas en la inclusión, la participación, la información, la generación de empleo, el abandono del sistema asistencialista y el fortalecimiento de la familia como institución a la cual proteger, pues a final de cuentas es ahí donde los individuos aprendemos los valores y determinamos lo que es correcto e incorrecto dentro de la sociedad.
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