El poder judicial y la llegada de Norma Peña
Desde que las monarquías eclipsaron y nacieron nuevas formas de organización de la sociedad en los llamados estados nación, la división de poderes se adoptó como una de las características principales de las nuevas democracias pues dicho sistema permitió repartir el poder entre distintos órganos institucionales y con ello evitar el absolutismo monárquico o de cualquier índole que se le parezca. En el caso de México, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824 ya incluía en su artículo sexto la orden de dividir el “Supremo Poder de la Federación para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
Montesquieu, quien se considera el padre de la división de poderes decía que “los jueces deben ser la voz muda que pronuncian las palabras de la ley”, lo que significa que son los encargados de vigilar que los preceptos constitucionales y normativos sean observados y se mantengan inviolables entre todos los miembros de la sociedad y específicamente en aquellos que ejercen actividades desde una posición de poder. Esa es la importancia del Poder Judicial en una democracia, servir de contrapeso y vigilar el cumplimiento de la legalidad.
El nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa un hecho histórico ya que dicho puesto nunca había sido ocupado por una mujer. La votación la favoreció sobre Alfredo Gutierrez Ortiz Mena y sobre la ministra Yasmín Esquivel, quien recientemente fue señalada de haber cometido plagio en su tesis de licenciatura a finales de la década de los ochenta, situación que vino a empañar su participación por la presidencia.
La llegada de la ministra Norma Piña ha provocado pronunciamientos tanto de parte de legisladores afines a Morena como de la oposición. Los primeros celebran que se trate de una mujer al frente del máximo tribunal del país, mientras que los segundos además afirman que se trata de un contrapeso al gobierno del presidente López Obrador (AMLO), pues la ministra votó en contra en 15 de las 18 ocasiones en las que se discutieron asuntos que para el Gobierno Federal resultaban temas trascendentes.
La ley es imparcial y las personas que ocupan los cargos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley sin importar sus simpatías o antipatías con el gobierno en turno. Esta debería ser la característica principal de un juez con un cargo a ese nivel de responsabilidad. Los que la conocen dicen que es progresista, feminista, proaborto e impulsora de los intereses de la comunidad LGBT, también es partidaria de la meritocracia y se le reconoce como alguien estricta en el cumplimiento y observación de la ley. Esto último no podría definir si se trata de un aliado o enemigo del gobierno actual, serán las situaciones particulares y la ley lo que definan el papel que ocupará.