La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) actualizó sus estimaciones sobre el crecimiento económico del país con una revisión a la baja. De acuerdo con el organismo internacional, el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá a ritmo del 1.9% durante 2022, desde un pronóstico previo de 2.4%; mientras que para 2023, el crecimiento se estima en 2.1%, desde una revisión anterior de 2.6%. Los recortes se alinean a las previsiones publicadas por el Banco Mundial el día de ayer (7 de mayo), en el que señaló un crecimiento de 1.7% para 2022 y de 1.9% para el siguiente año.
Para la OCDE, México tiene una oportunidad para impulsar su recuperación y mejorar las expectativas de crecimiento en el mediano plazo si logra potenciar la inversión pública y focalizar el gasto en programas sociales mediante un análisis costo-beneficio. Cabe señalar que las estimaciones de la OCDE son ligeramente superiores a las publicadas por el Banco Mundial y por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), quien también cree que México logrará un avance de apenas el 1.7% durante 2022.
Respecto al nivel generalizado de precios, la OCDE estima que la inflación se ubique en 6.9% al cierre del presente año y alcance los 4.4% durante 2023, conforme la política monetaria imprima sus efectos en el mercado de divisas, estimando que las tasas de interés alcancen un nivel del 9.0% al concluir el primer trimestre de 2023 y se mantengan así durante todo el año. Como recomendaciones adicionales, la OCDE destaca la temporalidad de los subsidios a los combustibles para restar presión a los precios de los alimentos y favorecer el desempeño de las pequeñas y medianas empresas, así como a las familias de ingresos bajos.
La OCDE considera indispensable trabajar en fortalecer la certidumbre sobre la validez de los contratos vigentes y la estabilidad regulatoria pues esto permitirá atraer mayores flujos de capital al país. A nivel local, sugiere mejorar la regulación empresarial en los estados y municipios a fin de reducir los costos monetarios y administrativos pues esto permitirá aumentar la formalidad y crear empleos mejor remunerados y con acceso a la seguridad social.
Respecto al comercio, el organismo internacional considera imprescindible garantizar la libre competencia, es decir, disminuir la intervención del estado en las actividades económicas, brindar independencia a los reguladores y las autoridades encargadas de vigilar los mercados (evitar los monopolios), dotarlos de un presupuesto suficiente que les permita impulsar la competencia y la productividad, así como transitar hacia el uso de las energías renovables.