El Gobierno, a través del Ejecutivo Federal, presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa federal denominada Zonas Económicas Especiales (ZEE), cuyo objetivo principal, de acuerdo con el documento presentado, es democratizar la productividad a nivel regional, para que los ciudadanos del sur tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país. La iniciativa busca cerrar brechas regionales mediante la creación de nuevos polos de desarrollo industrial que atraigan inversiones, generen empleos, desarrollen cadenas de valor, detonen una demanda de servicios locales y traigan beneficios a la población aledaña a estas zonas.
Las Zonas Económicas Especiales son áreas geográficas delimitadas y ubicadas en sitios con ventajas naturales y logísticas para convertirse en regiones altamente productivas. La experiencia internacional ha mostrado casos exitosos como el de China, Corea del Sur y Polonia donde dicha estrategia incrementó los niveles de inversión extranjera directa, impulsó las exportaciones e hizo que las ventajas logísticas de los países se vieran favorecidas logrando un desarrollo sostenido a nivel región. En cada uno de los casos, el método para lograr resultados positivos fue el mismo: provisión de infraestructura de primer nivel, incentivos fiscales para las empresas que decidan iniciar operaciones en las zonas involucradas y marcos regulatorios flexibles.
Las tres ZEE que contempla la iniciativa presentada incluye el Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas (entre los municipios colindantes de Guerrero y Michoacán), y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec (de Salina Cruz, Oaxaca; a, Coatzacoalcos, Veracruz). Es decir, busca beneficiar a los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, en México existen considerables asimetrías en el crecimiento y desarrollo económico de las entidades federativas. Es así que estados de la zona sur del país tienen los mayores índices de rezago, marginación, concentración de pobreza y migración, lo cual refiere lo grave de la situación en que viven los habitantes de dichos estados.
A nivel nacional, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 29.67% a precios de 2008 entre el periodo que va de 2003 a 2013. En promedio, el PIB de las entidades creció 34.20% durante esa década, 17 de los 32 estados se ubican por debajo del promedio nacional. De manera específica, los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca son quienes presentan los crecimientos más bajos, solo el producto de Veracruz fue casi el mismo que el nacional.
Del lado contrario, los estados que encabezan los niveles más altos de producción son Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Aguascalientes. De este modo, si agrupamos a los estados por sus ritmos de crecimiento podríamos decir que la zona noroeste, noreste, centro norte y Quintana Roo en el sureste, crecen a ritmos acelerados. Por su parte, el suroeste y este del país agrupa a los estados con crecimientos débiles. Adicionalmente, los estados que conforman el bajío de México tienen tasas de crecimiento superiores a las del promedio nacional.
En 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hizo la última actualización del PIB por entidad federativa. Así, de 2012 a 2013 los estados de Chihuahua, Sonora, Quintana Roo, Aguascalientes reportaron tasas por encima de los cuatro puntos porcentuales, mientras que entidades como Tabasco, Zacatecas, Chiapas, Puebla y Veracruz tienen tasas de crecimiento negativas, es decir, sus crecimientos fueron menores a los reportados en el año anterior, evidenciando que el ritmo de crecimiento en el país no es homogéneo. Por último, Guerrero creció 0.34%, mientras que Oaxaca y Michoacán lo hicieron a 2.76 y 2.08%, respectivamente.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a través de su Índice de Competitividad Estatal 2014 que considera aspectos relacionados con la innovación, el derecho, el medio ambiente, la sociedad, lo político, el gobierno, el mercado laboral, la economía, los precursores y las relaciones internacionales ubicó al Distrito Federal como la entidad más competitiva en el país, seguida de Baja California Sur, Aguascalientes y Nuevo León. Entre los estados menos competitivos se encuentra Chiapas, en el lugar 30, Oaxaca en el 31 y Guerrero, en el último sitio. Por su parte, Veracruz y Michoacán ocupan los lugares 26 y 27, respectivamente.
Paradójicamente, el territorio que agrupa los estados de las Zonas Económicas Especiales concentra gran parte de la riqueza del país en cuanto a recursos naturales, en conjunto representa el 13.65% del territorio nacional y alberga el 23.79% de las zonas pastizales, mismas que son idóneas para la producción ganadera. La población que habita estos estados constituyen el 18% de la población total del territorio mexicano, asimismo, concentran al 16.23% de la Población Económicamente Activa (PEA). Además, son considerados como estados potencialmente estratégicos por la ubicación geográfica que ocupan y las salidas con que cuentan a los océanos pacífico y atlántico.
El planteamiento que todos nos hacemos es el siguiente: si países como China, Corea del Sur y Polonia lograron buenos resultados con la conformación de las zonas económicas especiales en sus territorios, ¿México logrará hacer lo mismo en el sur del país?
México planea seguir la misma fórmula que los países asiáticos y el europeo, es decir, para impulsar el desarrollo económico y social de las entidades que conformarán las ZEE el gobierno invertirá en la creación de infraestructura, creará marcos regulatorios flexibles y otorgará incentivos fiscales a las empresas. Sin embargo, México tiene problemas estructurales poco resueltos que podrían ser el verdadero determinante del éxito o fracaso de esta iniciativa. A diferencia de México, China, Corea del Sur y Polonia no tienen elevadas tasas de marginación, ni población altamente vulnerable por pobreza en las regiones de las zonas económicas, mucho menos índices delictivos y de inseguridad como los reportados por Veracruz, Michoacán y Guerrero.
La educación es otro de los aspectos relevantes a considerar, pues de acuerdo con el Banco Mundial, la educación constituye uno de los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza y la desigualdad y sienta las bases para un crecimiento económico sostenido. La experiencia internacional indica que la productividad laboral se asocia con el tiempo medio de escolarización de los trabajadores.
Así, el informe denominado “The Learning Curve 2014” y la llamada prueba PISA sitúa a Corea del Sur, Japón y China como los países con los mejores sistemas educativos del mundo. Esto quiere decir que los países asiáticos atendieron prioritariamente el tema educativo, de forma tal que instrumentaron políticas que fortalecieron las capacidades cognitivas y sociales de su población logrando disminuir los rezagos de sus sociedades y a partir de ahí, un plan de economía estratégica concretado en las zonas económicas especiales, y no al revés, como parece ser la intención del gobierno federal: invertir en infraestructura para las empresas, otorgar bondades fiscales y establecer marcos regulatorios flexibles para la actividad empresarial. De concretarse el plan, los beneficios se verían reflejados en la coyuntura, pero la estructura seguiría con cambios remotos.
En México, la población de cada uno de los estados que integran el grupo que conformaría la zona económica tiene promedios de escolaridad por debajo del nacional; es decir, los mexicanos, en promedio, estudiamos 8.6 años, lo cual equivaldría a terminar la primaria y dos años y medio de secundaria, mientras que los estados de Veracruz, Michoacán, Guerrero y Chiapas se ubican por debajo de dicho promedio, siendo Chiapas el más reducido, con apenas primaria terminada (6.7 años de escolaridad). El Distrito Federal es la entidad con el promedio más elevado en México, 11.2 años, es decir, con estudios de preparatoria inconclusa.
Consideraciones finales
Si bien es cierto, la implementación y el diseño adecuado de zonas económicas estratégicas reditúa en aumentos de la competitividad, la inversión productiva, la creación de empleos y la diversificación de la producción, ésta debe ir soportada por políticas educativas como pieza fundamental en las actividades sectoriales productivas del país. Es necesario gastar en infraestructura, crear marcos regulatorios que se ajusten al contexto de desarrollo nacional y otorgar facilidades fiscales a las empresas, sin embargo no es suficiente para detonar un crecimiento y desarrollo económico sostenido, se requiere atender los problemas estructurales que aquejan a los estados del sur, resolver los problemas de inseguridad, reducir los elevados índices de corrupción en los gobiernos locales, fortalecer y mejorar la calidad de los sistemas educativos. Eso atraería más y mejor inversión.