Ventajas, costos y riesgos de la reforma electoral
La Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) realizó un estudio que causó controversias entre legisladores del Senado de la República y el mismo titular del Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO). El documento denominado Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México, concluye que la propuesta de elegir mediante voto popular a los consejeros y magistrados electorales, tal como lo plantea la iniciativa de reforma electoral del presidente, representaría un costo superior a los 8 mil millones.
El estudio realizado por el IBD hace un repaso de la evolución que han presentado las autoridades electorales respecto a su integración y sus atribuciones. Inmediatamente después menciona el motivo de la iniciativa presidencial, según la cual es es adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que el país ha vivido en los últimos años, ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en lo poderes públicos, además de insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos. No obstante, algunos de los objetivos parecen contradecirse dado el análisis económico del documento.
Entre las ventajas que el IBD identifica de la propuesta presidencial para elegir mediante voto popular a los titulares de las autoridades electorales se encuentran: el fortalecimiento de la democracia, mayor legitimidad de las autoridades electorales, posibilidades de innovación institucional (debido a que las personas que compiten por los puestos se ven obligados a incrementar la calidad del servicio que ofrecen a un menor costo, lo que podría redundar en innovaciones y beneficios para las instituciones).
Pese a los beneficios, el análisis de los costos que implicarían la elección de los magistrados electorales se contrapone al principio de austeridad republicana, ya que implicaría destinar una mayor cantidad de recursos a una contienda de alcance nacional. Si se toman en consideración los costos de los procesos electorales de los últimos años, la elección de consejeros y magistrados electorales alcanzarían montos superiores a los 8 mil millones de pesos, lo que evidentemente supondría una carga adicional para el erario público y el presupuesto del sistema electoral mexicano.
En materia de riesgos, el Instituto Belisario Domínguez identifica que se podría presentar un sesgo y parcialidad de las autoridades electorales, guiadas más por el interés político que por el apego a la normatividad legal; la preservación de las cuotas entre partidos políticos, posible inequidad en la contienda electoral; legalidad y populismo electoral, así como inestabilidad social y política; entre algunos otros.