Hoy nuestro país enfrenta uno de los problemas más complejos que afectan ya a muchas otras naciones: la migración. La semana pasada llegó un contingente muy grande de migrantes, en su mayoría hondureños, al estado de Chiapas y se espera la llegada de dos mil más.

Este fenómeno no es nuevo para México, pues permanentemente por la frontera de Chiapas con Guatemala, cruzan de manera ilegal hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos y demás sudamericanos. México, por su posición geográfica, es territorio de tránsito hacia el destino final, el sueño americano: Estados Unidos de Norteamérica.

Esta movilización de migrantes, que dio inicio en Honduras, es un acontecimiento que tiene varias aristas, difíciles de analizar en un corto artículo.

Es importante recordar que nuestro país es otro de los muchos que tiene población migrante. La carencia de empleos, la falta de inversión y de apoyos en el campo mexicano ha obligado por décadas a muchos connacionales a emigrar de manera temporal o permanente a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, asumiendo los riesgos de ser ilegal.

México se encuentra en medio de una crisis, ya que esta caravana se organiza desde Centroamérica como una crítica y amenaza a la política migratoria de Trump, curiosamente en la efervescencia de las próximas elecciones intermedias en ese país. Por eso es importante preguntarse quién promueve este movimiento, así como quién o quiénes lo financian.

Dadas las circunstancias, cabría plantearse si los gobiernos centroamericanos podrían estar apoyando a este movimiento; recordemos que las remesas que envían los migrantes a sus familias son un ingreso importante y fortalecen las economías locales.

Pero más allá de sus causas, es un hecho, la caravana está aquí y seguramente, el gobierno mexicano, presionado por nuestro vecino, tomará medidas, quizá hasta extremas, como el caso de la repatriación de muchos de ellos. El Ejecutivo, a través del Secretario de Relaciones Exteriores, tendrá que responder con fuerza e inteligencia a las presiones del gobierno gringo, al menos eso se espera.

También es un tema de índole humanitaria, pues el gobierno mexicano tiene que actuar con apego a sus leyes migratorias y ser sensible a las circunstancias individuales. En muchos casos, si se se realizan deportaciones o se niega la condición de refugiado, se estará condenando a una muerte segura. Los niveles de violencia que se viven en Honduras, El Salvador, Guatemala y, en las últimas fechas también, Nicaragua son realmente de terror, producto de sus guerras internas que parecen no tener fin. Como ejemplo, veamos lo que pasa actualmente en Nicaragua o con la Mara Salvatrucha, en El Salvador y Honduras. 

La historia de estos países se parece mucho, adolecen de lo mismo. Desde que lograron su independencia se han movido entre luchas internas, golpes militares apoyados por los EE.UU que ponían y deponían a los gobernantes de acuerdo a sus intereses económicos. Hoy por hoy, no han logrado consolidarse como naciones independientes y democráticas, cuentan con economías endebles que se vuelven todavía más débiles por la violencia. Las personas huyen de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Pero esto es tema para otro artículo.

Este acontecimiento pone sobre la mesa otro tema que sí es de nosotros los mexicanos: la corrupción de las autoridades migratorias, que ante sus ojos y bajo su venia han permitido que los migrantes sean robados, utilizados para actos ilícitos, que las mujeres y niños sean secuestrados para la “Trata de Blancas”, etc.

Esta es una oportunidad para la nueva legislatura de demostrar que realmente se busca el cambio y realizar un verdadero combate a la corrupción. Es el momento de revisar y actualizar las leyes que regulan la actuación de las autoridades migratorias, así como reglamentar la operación de las garitas y de las estaciones migratorias donde estas personas se ven incomunicadas, golpeadas y violadas. En estos lugares se vulneran aún más sus ya frágiles derechos humanos.

Si bien su paso por nuestro territorio es ilegal, lo es aún más el trato que se les da, todavía peor es permitir que sean carnada fácil del crimen organizado. Es importante que se revisen las leyes, pero especialmente evaluar a los que procuran justicia, castigar a los violadores de los derechos humanos y a los cómplices con placa de los criminales, capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos responsables del tema migratorio y no permitir la discrecionalidad en las autoridades migratorias.

No permitamos que suceda otro evento como el de San Fernando, Tamaulipas.

No permitamos que se continúen cavando fosas con cadáveres sin nombre.

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