De acuerdo con la última estimación realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2016, el 43.6% de la población en México es pobre. Esto equivale a 53.4 millones de mexicanos que por lo menos tiene alguna carencia social o es vulnerable por ingresos. Por su parte, el porcentaje de población en situación de pobreza extrema se ubica en 7.6%; es decir, 9.4 millones de mexicanos tienen tres o más carencias sociales (de las seis posibles) y sus ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo, lo que significa que son incapaces de adquirir la canasta básica de alimentos aún destinando todos sus recursos disponibles.
Esta información es precisamente lo que explica la importancia del empleo tanto en países desarrollados como aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. El empleo digno y formal permite a los hogares de bajos recursos superar la pobreza, al tiempo que la expansión del empleo productivo constituye la vía del crecimiento y diversificación de las economías.
Así, un país que cuenta con una amplia oferta de trabajo establece la base perfecta para impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión social de sus habitantes creando un círculo virtuoso en el que se benefician todos sus residentes. Por el contrario, aquellos países con elevadas tasas de desempleo mantienen a gran parte de su población sumergida en la pobreza, la inseguridad, el escaso crecimiento y el subdesarrollo económico y humano.
En el caso de México, durante los últimos años se crearon empleos que la Población Económicamente Activa (PEA) demandaba registrando tasas de desocupación históricamente bajas, sin embargo preocupa la calidad de dichos empleos, pues muchos de ellos carecen de niveles adecuados de remuneración, así como de seguridad social.
De acuerdo con Oxfam México, el poder adquisitivo del salario mínimo en nuestro país ha disminuido drásticamente en las últimas cuatro décadas pues representa poco más de un tercio de lo que era en términos reales hace 45 años. Dicha situación ha ayudado a que los niveles de desigualdad se incrementen entre la población más pobre.
Durante los últimos treinta años, la política salarial en nuestro país ha actuado como parte de una estrategia de contención inflacionaria; sin embargo, el crecimiento de los precios durante la década en que comenzó a emplearse la política de salarios mínimos era exorbitante, alcanzando cifras de hasta tres dígitos, nada parecido a lo que se observa hoy, aún con tasas inflacionarias alrededor del 6%.
La política de salarios mínimos está más que agotada, lejos de seguir siendo un instrumento de contención inflacionaria como antaño, ha remarcado la desigualdad entre la población más vulnerable, pues el salario mínimo no cubre ni siquiera el valor de la Línea de Bienestar; además, propicia el crecimiento del sector informal en la economía, ante la ausencia de salarios competitivos la fuerza de laboral transita a un sector no regulado y que genera mayores ingresos para sus participantes.
Adicional a lo anterior, en los últimos meses y específicamente durante la quinta ronda de las negociaciones del TLCAN se abordó el tema de los salarios en México y la necesidad de incrementarlos como una de las condiciones por parte de Estados Unidos y Canadá para continuar con el acuerdo comercial. Los representantes de los países del norte han presionado a la parte mexicana para que los salarios aumenten debido a que las empresas residentes en sus territorios son incapaces de competir con las mexicanas en esa materia.
A primera vista podría parecer que es bueno para las empresas mexicanas ser más competitivas que las de Estados Unidos y Canadá; sin embargo, al no incrementar México el salario que paga a sus trabajadores, únicamente se protege a los dueños del capital nacional posicionándolos en una situación de ventaja sobre sus homólogos internacionales pero a costa del bienestar de los trabajadores mexicanos pues son ellos quienes asumen la la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios.
A mediados de noviembre, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), informó que el salario mínimo se incrementará alrededor de un 10.4% ($8.32 pesos) a partir del 1º de diciembre del presente año para pasar de $80.04 pesos por día a $88.36 pesos diarios. Cabe señalar que con el nuevo salario se cubre únicamente el 92.76% de la Línea de Bienestar lo que indica que los incrementos al salario siguen resultando insuficientes y por debajo de los niveles mínimos requeridos.
Lo rescatable del asunto es que la Conasami, en coordinación con sindicatos y patrones señalaron su intención de abordar nuevamente el tema en el primer cuatrimestre del siguiente año a fin de realizar los ajustes que sean necesarios para por lo menos alcanzar el valor de la Línea de Bienestar.