El fenómeno de la migración hacia nuestro país es ya viejo. En épocas distintas y en escenarios diferentes se ha incrementado y nuestro país siempre lo ha enfrentado con cordialidad y empatía.

 

México se ha caracterizado por acoger a personas de otros países que huyen de sus naciones por razones de seguridad. En los años 30 y 40, como resultado de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, el país asiló a más de 400 niños españoles huérfanos, a ciudadanos españoles perseguidos por la Dictadura Franquista, a judíos que huían del holocausto nazi, a franceses, belgas, alemanes, rumanos y otros más que escapaban de los horrores de la  guerra.

 

En los años 70, México abrió sus puertas a ciudadanos argentinos, uruguayos y chilenos que fueron perseguidos por las juntas militares, las cuales, a través de golpes de Estado, tomaron los gobiernos de esos países.

 

Los conflictos bélicos en Centroamérica, en la década de los 80, principalmente el de Guatemala, provocaron una importante migración hacia nuestro país, etapa a la que se le denominó “El Refugio Guatemalteco”.

 

De acuerdo a información de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en esa época se registró el ingreso de más de 46 mil personas de Guatemala, a quienes se les otorgó el estatus de refugiado en nuestro país. En un inicio se establecieron en el estado de Chiapas y, a partir de 1984, se les albergó en Campeche y Quintana Roo.

 

Nuestro país no podía, en esa época, negar la entrada a estas personas, en su mayoría indígenas, que huían del genocidio que el Estado realizaba en Guatemala. Para otorgar una adecuada protección, el gobierno mexicano solicitó asesoría y apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organismo internacional encargado de brindar protección a los refugiados y que desde entonces estableció una representación en México.

 

A partir de 1984, el Gobierno Federal, a través de la COMAR y con el apoyo financiero del ACNUR y del Programa Mundial de Alimentos, desarrolló diversos programas de asistencia a la población refugiada, diseñados para enfrentar las necesidades de vivienda, salud, educación y alimentación.

 

En 1989 se dieron las condiciones de paz para la repatriación voluntaria de más de 4 mil refugiados. Finalmente, en 1993 el gobierno de México puso en marcha un programa para facilitar el regreso voluntario de otros más.  

 

Muchos refugiados, por otro lado, solicitaron su permanencia definitiva en el país y para 1994 casi la totalidad de ellos alcanzaron niveles de autosuficiencia, por lo que dejaron de utilizar los apoyos sociales que se les habían otorgado. La población atendida por la COMAR ascendía aproximadamente a 30,059 personas, entre las que se encontraban refugiados guatemaltecos y sus descendientes nacidos en México. Finalmente, en 1996 comenzó su integración definitiva a la sociedad mexicana.

 

¿Por qué el actual movimiento migratorio preocupa a varios sectores del país?

 

Al día de hoy, se estima, han ingresado más 12 mil personas provenientes de Centroamérica. De estos un gran número son mujeres con sus hijos, niños y adolescentes que viajan solos. La diferencia de esta masiva migración es que es de tránsito, busca llegar a los Estados Unidos de Norteamérica que, ante tan anunciada caravana, ya ha cerrado y custodiado sus fronteras.

 

El gobierno norteamericano ya declaró que no los recibirá y el problema es para México, quizás se podrá dar apoyo humanitario a estos contingentes pero la amenaza es mayor. En los medios locales e internacionales ya se menciona la conformación de nuevas caravanas, provenientes no sólo de países centroamericanos, sino también de Sudamérica.  

 

Momentos de transición política se viven en el país, donde pareciera que no existe una autoridad capaz de actuar y pronunciarse ante tal evento. A días de que se lleve a cabo el cambio de gobierno federal, el éxodo aumenta y estos grupos son aún más vulnerables, sobre todo por que se han separado, tomando diversas rutas y dificultando la ayuda humanitaria que se les pudiera otorgar.

 

El nuevo gobierno deberá de impulsar acuerdos internacionales para que se tomen medidas que ayuden a frenar el éxodo. El problema no es de un solo país, es regional, pues los gobiernos centroamericanos y sudamericanos deben garantizar seguridad social y económica a sus habitantes con el apoyo de organismos internacionales y de otros gobiernos que, por años, han tenido intereses económicos en esas naciones, caso concreto: los Estados Unidos de Norteamérica.

 

Nuestro futuro gobierno tendrá que solicitar apoyo internacional, no solo para la ayuda humanitaria, sino para inyectar inversión que genere beneficios directos a la población, fortalecer a las instituciones que imparten justicia y a las policías. Retos enormes, pero que, en algún momento, se tienen que revisar, atender de manera enérgica y frontal para garantizar el bienestar social y la paz en la región.

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