Antiguamente, el 1° de septiembre se conocía como el día del Presidente, pues acudía al Congreso de la Unión a presentar su informe de gobierno anual. Era tan importante que se convirtió en un día feriado (sin trabajo, ni clases), para que todo el pueblo estuviera atento al mensaje presidencial, el cual se transmitía por radio y televisión.

En aquellos años, la transmisión duraba horas y el discurso abarcaba la mayoría de los “logros” de las Secretarías de Estado y del Ejecutivo Federal. Los Legisladores permanecían horas escuchando y aplaudiendo las intervenciones del presidente. El debate era nulo y el ambiente demasiado complaciente.

Los tiempos cambiaron y la competencia electoral transformó el informe presidencial, aunque de una forma superficial (ya no hay asueto). Actualmente el presidente ya no acude a la Cámara de Diputados para presentar su informe, sino que lo entrega de forma escrita. ún ofrece un mensaje a la nación en un recinto distinto (foro televisivo o Palacio Nacional), en algunas ocasiones acompañado de la clase política y empresarial, mientras que en otras han acudido jóvenes destacados.

Pero en esencia, todavía es un ejercicio de comunicación unilateral, donde el gobierno expone los logros que percibe o exagera en su administración. Se trata de un desfile de cifras que se guardan en un libro de varios volúmenes. En algunas ocasiones, ha habido un ejercicio de preguntas y respuestas, pero sin moderador alguno que contraste las respuestas presidenciales.

Ahora, la Constitución establece (Reforma 2007) que la propaganda pública deberá tener carácter institucional y con fines informativos. En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Por lo cual, se utiliza el informe para pregonar con mayor énfasis los logros de la administración pública.

Este modelo de informe presidencial se replica en los diversos niveles de gobierno, a lo largo y ancho del país. Tanto los gobernadores como alcaldes, senadores y diputados rinden un informe a la ciudadanía. Pero existe el mismo denominador común, no hay una evaluación de los resultados que ofrecen los servidores públicos, no existe una institución que señale los avances y los pendientes.

En el caso del informe presidencial, los Legisladores pueden llamar a los Secretarios de Estado para que amplíen la información, mientras es posible realizarle algunas preguntas por escrito al Ejecutivo Federal. Sin embargo, es un ejercicio que se encuentra desfasado ya que se empalma con la presentación del Presupuesto Federal, por lo cual pierde vigencia. A nivel local, son menores los esfuerzos por presentar una evaluación al mismo tiempo que se brinda el informe público.

Consideraciones finales

Es cierto, que existen iniciativas de la sociedad civil que evalúan algunos temas de las administración pública. Sin embargo, por la cantidad de funcionarios, en el ejercicio quedan rebasados. En este sentido, el ciudadano no cuenta con herramientas o información precisa para evaluar el trabajo de su representante popular, más allá de la presentación del informe y algunas notas periodísticas en la materia.

Sería sumamente conveniente que los servidores públicos, en un ejercicio de transparencia republicana, integren un apartado de evaluación en tiempo real, cuando brinden su informe ante la ciudadanía. Lo anterior, puede ser perfectamente cubierto por investigadores de las universidades públicas y privadas locales.

Otra opción es la proliferación de portales de transparencia que brinden información en tiempo real sobre las acciones que realizan cotidianamente los servidores públicos, funcionarios, legisladores y administraciones públicas locales. Esto debido a que es de suma relevancia la inclusión de información referente al uso y manejo de los recursos públicos.

La evolución de estos ejercicios de transparencia, sin lugar a dudas, abonará a la profesionalización de las actividades públicas, así como el desarrollo de una democracia más transparente, justa e informada.

En Sustava contamos con la experiencia suficiente para suministrar un portal de transparencia eficaz, que cumpla con todas las responsabilidades de los sujetos obligados que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.