La Transparencia Legislativa es uno de los temas que más atención ha recibido de la ciudadanía en materia de rendición de resultados y el manejo de recursos públicos por parte de los miembros de ambas Cámaras del Congreso.
El descontento generalizado de la sociedad civil en el actuar del Legislativo se hace evidente en acciones que demandan la apertura de la información pública en posesión de dichos sujetos. Un ejemplo de lo anterior pudo observarse antes, durante y después de los últimos comicios celebrados para elegir Diputados Federales, ya que se hicieron evidentes los reclamos de los ciudadanos a través de diversas iniciativas encaminadas a garantizar la elegibilidad de los candidatos, al exigirles una serie de datos sobre declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.
Si bien los resultados de los movimientos sociales que exigen mayor transparencia en las labores y el manejo de recursos públicos de los legisladores son bastante pobres, en el ámbito estrictamente legal tampoco se han visto avances importantes e incluso se puede observar cierta resistencia de algunos actores a participar.
Con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se busca solucionar las diferentes deficiencias en dicho ámbito, con el fin de implementar una gestión abierta y de cara a la sociedad. No obstante, ya existían instrumentos enfocados a fomentar la rendición de cuentas y a transparentar las acciones de los legisladores de ambas cámaras, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ¿Será la implementación del nuevo marco normativo una solución a dicha problemática?
Al comparar los datos de los países analizados en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (2014) puede observarse una notable problemática en la materia que no sólo es exclusiva de México. Con el análisis de 10 países del sur de América, el Índice señala un desempeño notablemente pobre en rendición de cuentas y acceso a la información de las labores legislativas, con Perú a la cabeza con un cumplimiento del 55% de los cuatro rubros analizados y Venezuela en último lugar con un 21%.
Dicho Índice contempla 4 dimensiones específicas:
- Normatividad.
- Labor del Congreso o Asamblea.
- Presupuesto y Gestión Administrativa.
- Participación, atención ciudadana y rendición de cuentas.
Cada uno de los puntos anteriores se subdivide en otros indicadores que miden especificidades en cada una de las dimensiones principales, con los cuales se busca evaluar el desempeño general de cada punto y al mismo tiempo analizar de manera precisa requerimientos de información determinados. Para realizar dicho Índice se realizó un cuestionario de 477 preguntas en total sobre generación y acceso a la información, y se le asignó un porcentaje dado del total del índice a cada una de las áreas medidas: Normatividad 10%; Labor del Congreso o Asamblea 30%; Presupuesto y Gestión Administrativa 30%; Participación, atención ciudadana y rendición de cuenta 30%.
Desde una perspectiva global, el promedio general en transparencia según los países que participaron del estudio es de un 40%. Ya de manera desagregada, se obtuvieron los siguientes resultados a nivel Latinoamérica en cada dimensión de la siguiente manera:
- Normatividad 44%.
- Labor del Congreso o Asamblea 45%.
- Presupuesto y Gestión Administrativa 26%.
- Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas 46%.
Como puede observarse, es en el manejo del presupuesto y los recursos públicos donde mayores deficiencias se presentan en todos los países evaluados (y en donde las exigencias ciudadanas ponen mayormente su énfasis): a excepción de Chile, no se alcanzó más del 40% en este indicador y en el caso de México se obtuvo apenas un 21% en esta área, por encima de Argentina, Bolivia y Venezuela. Al analizar las respuestas que dio el Congreso Mexicano en el cuestionario correspondientes a esta dimensión, puede observarse ciertos rubros de opacidad en esta área que son preocupantes. En cada uno de los diferentes puntos que conforman el indicador de Presupuesto y Participación administrativa, no se alcanzó más del 50%, con lo que se hace evidente el gran vacío que hay entorno al ejercicio presupuestal.
Ya en un estudio más focalizado sobre el tema, recientemente se publicó el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México (2014), en el que se señalaron las mismas deficiencias en el ámbito presupuestal y administrativo a nivel local y federal. De las 95 variables que integran este Diagnóstico, 12 evalúan exclusivamente este rubro. El informe señala que dichas variables en su conjunto cumplen únicamente el 23.5% de los requisitos de acceso a la información en este ámbito. La opacidad se revela preocupante respecto a la información sobre presupuesto aprobado y ejercido por figuras específicas del Congreso, como Legislador, Grupo Parlamentario, Centros de Estudios y Comisiones, ya que no superan el 8.8% del cumplimiento y descienden hasta el 0%.
México y la información presupuestaria del Congreso
Un ejemplo claro de lo anterior se encuentra en la falta de publicación del gasto de las fracciones parlamentarias y la falta de propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal de la mismas en la Cámara de Diputados. De igual manera, destaca la falta de acceso para la ciudadanía a los informes de las auditorías, así como la ausencia de datos sobre los ingresos de los legisladores de ambas Cámaras. Tampoco existe información de los puestos de funcionarios o servidores públicos del Congreso y menos aún pueden consultarse la información respecto a los asesores legislativos, como sus sueldos, descripción del puesto o información curricular. En cuanto a los estados financieros de los viajes de los legisladores tanto dentro como fuera del país, aunque se reportan no es posible acceder a la información ya que esta no es pública por ningún medio.
Los casos anteriores ocurren aún cuando se encuentra como mandato constitucional el principio de máxima difusión de la información generada por parte de cualquier sujeto, institución o dependencia que reciba y ejerza recursos públicos. No obstante, esta situación busca revertirse con las nuevas disposiciones señaladas por la Ley General de Transparencia (LGTAIP) y los requerimientos de información que el INAI considere pertinentes en determinado caso. De manera específica, el Artículo 72 de la LGTAIP, en sus fracciones XII, XIII, XIV, y XV, busca corregir la falta de acceso a la información sobre el uso de recursos públicos, con lo cual es de esperarse que próximamente podamos consultar los datos y exigir una mayor participación de los legisladores en la rendición de cuentas.
Bibliografía
Diagnóstico de Parlamento Parlamento Abierto en México. (2015). Recuperado el 10 de agosto de 2015 de http://www.transparencialegislativa.org/publicacion/indice-latinoamericano-de-transparencia-legislativa/
Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. (2014). Recuperado el 10 de agosto de 2015 de http://www.transparencialegislativa.org/publicacion/indice-latinoamericano-de-transparencia-legislativa/