¿Crees que tener estudios universitarios debería ser requisito para ser Legislador?

Jorge de la Cruz

 

El próximo 1° de septiembre comienzan formalmente las labores de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados y Senadores. Recientemente ha iniciado el proceso de credencialización (ver: inicio de labores legislativas), que los acredita como nuevos inquilinos de San Lázaro y Reforma por los siguientes tres y seis años (con opción a reelección), respectivamente.

 

Como cada inicio de Legislatura, la opinión pública analiza la conformación de ambas Cámaras, tanto en el ámbito político, como el social. En este último aspecto, destaca la cantidad de mujeres que participarán en la Cámara de Diputados, ya que aproximadamente, 241 legisladoras llegarán a San Lázaro por los principios de mayoría relativa y representación proporcional (plurinominales), con esto representan el 48.2% de los legisladores totales.

 

Respecto al nivel educativo, una nota periodística de circulación nacional señala que cerca de la mitad de los nuevos Diputados y Diputadas no cuentan con un título profesional. Este hecho enciende un añejo debate sobre si tener estudios universitarios debería ser un requisito o no para postularse y convertirse en Legislador.

 

La Constitución Mexicana, en su artículo 55, establece una serie de requisitos para que un ciudadano pueda ser Diputado(a), entre ellos destacan: ser mayor de 21 años, ser originario o con una residencia mayor de 6 meses en el distrito dónde se desea ser representante, no estar en activo en la milicia, no ser ministro de algún culto religioso, entre otros. Es decir, la mayoría de los ciudadanos mexicanos cumplen el perfil.

 

No obstante, la labor de un legislador requiere de conocimientos especializados en áreas de las ciencias sociales, tales como derecho, economía, finanzas públicas, etc. Lo anterior, para que puedan cumplir adecuadamente con las más de 40 facultades asignadas al Congreso que mandata el artículo 73 de nuestra carta magna, así como una decena más de facultades especiales para cada una de las Cámaras, las cuales se enumeran en los artículos 74 y 75.

 

Para elaborar una iniciativa de Ley, los Legisladores deben desarrollar un documento en el cual exponen el planteamiento de una problemática, la exposición de motivos para la modificación normativa y el fundamento legal que disponen cambiar, adicionar o derogar. Cabe señalar, que los Legisladores pueden disponer de asesores (o grupo de asesores especializados) que colaboren al generar estos escritos, así como exhortos, puntos de acuerdo y posicionamientos en tribuna.

 

Por otro lado, el Legislador es un representante de la comunidad (distrito electoral) a la cual pertenece, por lo que una de sus principales funciones es llevar a la máxima tribuna del país el sentir de los ciudadanos, así como hacer planteamientos para resolver los problemas de su comunidad. Es decir, el Legislador requiere, principalmente, de empatía y conocimiento de su entorno local, para lo cual no es indispensable haber cursado una carrera profesional.

 

Asimismo, la Constitución Mexicana establece que la educación básica debe ser ejercida por el Estado de forma gratuita. Este nivel educativo abarca desde la primaria hasta la preparatoria. Por lo cual, se podría interpretar como discriminatorio o selectivo que solo ciudadanos con carrera profesional puedan ser representantes del pueblo en ambas Cámaras.

 

Consideraciones finales

Sin duda, el trabajo legislativo requiere de una serie de conocimientos técnicos para cumplir satisfactoriamente con las facultades y funciones que la Constitución mandata. No obstante, el grado académico de los Legisladores no les asegura un óptimo desempeño, ni tampoco los condena a la improductividad.

Es probable que la formación de un acertado equipo de trabajo permita al Legislador cumplir adecuadamente con sus labores legislativas, mientras que la empatía y el conocimiento de las problemáticas de la comunidad pueden ir más allá de un título universitario. En los últimos años, nuestro país ha experimentado avances en la cobertura educativa, pero el promedio de escolaridad de la ciudadanía es 9.2 años (tercero de secundaria), sólo el 18.6% de la población mexicana (mayores de 15 años) cuentan con estudios de nivel superior (INEGI, 2015).

 

Es deseable que nuestros Legisladores estén altamente capacitados y el haber estudiado una carrera profesional puede ser una buena práctica que brinde cierta garantía. Sin embargo, los representantes populares son un reflejo de las propias comunidades y, por otro lado, la situación actual del país no brinda elementos para integrar dicho requisito a la Constitución. De hacerlo, podría provocar un escenario de discriminación y elitismo.

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